ojRevista Opinião JurídicaR. Opin. Jur.1806-04202447-6641Centro Universitário Christus10.12662/2447-6641oj.v23i44.p113-131.2025ArtigosMÁS ALLÁ DE LA INVISIBILIDAD: VIOLENCIA ECONÓMICA DE GÉNERO Y LA NECESIDAD DE UNA RESPUESTA JURÍDICO-PENALECONOMIC GENDER-BASED VIOLENCE: THE NEED FOR EFFECTIVE LEGAL AND PENAL ACTIONALÉM DA INVISIBILIDADE: VIOLÊNCIA ECONÔMICA DE GÊNERO E A NECESSIDADE DE UMA RESPOSTA JURÍDICO-PENAL0000-0001-8997-6234TadeoRaúl Francisco Mejía*0000-0002-4754-8298AnticonaWalter Jorge Mendizábal**Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)Perúrmejiat@ucvvirtual.edu.peDoctorando en Derecho y Magíster en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo (Perú). Maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú). Profesor universitario de los cursos de Teoría General del Proceso, Derecho Penal. Fiscal penal especializado en el subsistema en delitos asociados a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar del distrito judicial de Lima Norte – Ministerio Público del Perú.Universidad Alas Peruanas (Perú)Perúwjmendizabal@gmail.comDoctor en Derecho y Maestría en Derecho Civil ambos con honores “Magna Cum laude” por la Universidad Alas Peruanas (Perú). Título oficial de Master en Derecho de Familia por la Universidad Internacional de La Rioja (España). Profesor de la Unidad de Posgrado en la Unidad César Vallejo (Perú).31012026Sep-Dec202523441131312207202516122025Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença Creative Commons Attribution Non-Commercial que permite uso, distribuição e reprodução não-comercial irrestrito em qualquer meio, desde que o trabalho original seja devidamente citado.RESUMENObjetivo:
Examinar la necesidad de tipificar la violencia económica de género (VEG) como delito autónomo en el Código Penal peruano, considerando sus elementos, sus consecuencias para las mujeres, y las experiencias de otros sistemas jurídicos, con el fin de proponer una reforma legal que garantice una protección efectiva para las víctimas.
Metodología:
La metodología empleada es cualitativa y descriptiva, combinando revisión bibliográfica, análisis hermenéutico de normas jurídicas en el contexto peruano, y análisis comparativo de legislaciones internacionales y latinoamericanas sobre VEG.
Resultado:
Los resultados revelan una variabilidad significativa en la tipificación de la VEG a nivel internacional, con algunas legislaciones que la contemplan como delito autónomo y otras que presentan lagunas legales. En el caso peruano, se identifica una incongruencia entre el reconocimiento de la VEG en la normativa peruana y la falta de tipificación penal específica.
Conclusiones:
Se concluye que la ausencia de una figura penal autónoma para la VEG genera invisibilidad judicial y obstaculiza la protección de las mujeres. Se propone una reforma legal que defina con precisión el delito y establezca sanciones adecuadas, complementada con políticas públicas integrales para prevenir y atender a las víctimas.
ABSTRACTObjective:
This article examines the need to establish economic gender-based violence (EGV) as a separate offense in the Peruvian Penal Code. It considers the elements of EGV, its consequences for women, and the experiences of other legal systems to propose legal reforms ensuring effective victim protection.
Methodology:
This qualitative and descriptive study combines a literature review, a hermeneutic analysis of Peruvian legal norms, and a comparative analysis of international and Latin American legislation on EGV.
Results:
The findings reveal significant variability in the legal classification of EGV internationally, with some jurisdictions recognizing it as a distinct offense while others exhibit legal gaps. In Peru, an inconsistency is identified between the acknowledgment of EGV in existing legislation and the lack of specific penal provisions.
Conclusion:
The absence of a separate legal category for EGV leads to judicial invisibility and hinders the protection of women. The article proposes legal reforms to precisely define the offense, establish appropriate sanctions, and integrate comprehensive public policies for prevention and victim support.
RESUMOObjetivo:
Examinar a necessidade de tipificar a violência econômica de gênero (VEG) como crime autônomo no Código Penal peruano, considerando seus elementos constitutivos, suas consequências para as mulheres e as experiências de outros sistemas jurídicos, com o intuito de propor uma reforma legal que garanta proteção efetiva às vítimas.
Metodologia:
A metodologia empregada é qualitativa e descritiva, combinando revisão bibliográfica, análise hermenêutica de normas jurídicas no contexto peruano e análise comparativa de legislações internacionais e latino-americanas sobre VEG.
Resultados:
Os resultados revelam uma variabilidade significativa na tipificação da VEG em nível internacional, com algumas legislações que a contemplam como crime autônomo e outras apresentando lacunas legais. No caso peruano, identifica-se uma incongruência entre o reconhecimento da VEG na legislação peruana e a ausência de tipificação penal específica.
Conclusão:
Conclui-se que a ausência de uma figura penal autônoma para a VEG gera invisibilidade judicial e dificulta a proteção das mulheres. Propõe-se uma reforma legal que defina com precisão o crime e estabeleça sanções adequadas, complementada por políticas públicas integradas para prevenir e atender às vítimas.
Palabras clave:violencia de géneroviolencia económicatipificación penalacceso a la justiciaKeywords:gender-based violenceeconomic violencecriminalizationaccess to justicePalavras-chave:violência de gêneroviolência econômicatipificação penalacesso à justiça1 INTRODUCCIÓN
Esta investigación aborda la violencia económica de género (VEG), un problema frecuentemente invisibilizado dentro del contexto más amplio de la violencia contra las mujeres.
Aunque la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) logró avances considerables, su enfoque inicial en la violencia contra las mujeres careció de la especificidad necesaria. A diferencia de CEDAW, instrumentos regionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), el Convenio de Estambul y el Protocolo de Maputo sí abordaron la problemática de manera directa. Sin embargo, su ámbito geográfico limitado subraya la necesidad de un acuerdo internacional vinculante que aborde la violencia de género (VG) de forma eficaz a nivel mundial (Deane, 2024).
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada en 1993, definió por primera vez la violencia como cualquier acto que cause daño físico, psicológico o sexual a las mujeres, incluyendo amenazas, coerción o restricción de su libertad. No fue hasta el 2012 donde a través del Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación del Comité Interinstitucional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém do Pará se hizo referencia a la violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial u otras en contra de las mujeres (Secretaría General Iberoamericana, 2023).
La VEG es un problema mundial que afecta a un porcentaje considerable de mujeres en diversas regiones. Estudios sobre mujeres latinas en Estados Unidos revelan que el control económico, incluyendo la restricción del acceso a recursos financieros, es la forma más común de abuso económico (Davila; Johnson; Postmus, 2021). La prevalencia de esta violencia es significativa: un 30% de las mujeres turcas la han experimentado (Bespinar, 2024), mientras que en Nigeria alcanza el 64.2% entre mujeres casadas (Nduka et al., 2024) y en Kuwait el 41.4% (Alshammari et al., 2023). Se observa una mayor incidencia de violencia de género, incluyendo su componente económico, en países como Bangladesh, Jordania, Nigeria, Burundi, Uganda, Camerún, Omán, Senegal y Yemen, en comparación con Europa, Malta y Canadá (Sarac; Odabas, 2025).
En España, la VEG es la tercera forma más frecuente de VG, después de la emocional y la psicológica de control, Según datos de la Macroencuesta 2019, más del 11% de las mujeres españolas mayores de 16 años han experimentado algún tipo de violencia económica en algún momento de sus vidas. Las manifestaciones más comunes incluyen la prohibición de tomar decisiones financieras, negarles dinero para gastos del hogar, restringir su estudio o trabajo, y solicitar préstamos o usar sus tarjetas bancarias en su nombre (Red Consultores, 2023). En Ecuador, aproximadamente una quinta parte de las mujeres ha sufrido violencia económica, que se manifiesta, entre otras formas, en la privación de recursos y oportunidades (Edeby; San Sebastián, 2021).
En el Perú, los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que dependen del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), registraron un millón de casos de violencia entre 2017 y 2023, de los cuales 4,6 mil fueron de casos de violencia económica (MIMP, 2024). No obstante, la falta de visibilidad de esta forma de violencia se refleja en la práctica judicial, donde las denuncias a menudo son archivadas por considerarse atípicas o carentes de tipicidad penal (Díaz López, 2023). Esta situación genera una grave vulnerabilidad económica para las mujeres, limitando su autonomía y control sobre sus vidas, afectando su calidad de vida, alimentación, salud, integridad, dignidad y autonomía (Trujillo-Cristoffanini; Araya-Concha, 2023).
Esta investigación se centra en la ausencia de una tipificación penal clara y eficaz para la VEG en el contexto peruano, a pesar de que la legislación peruana ya reconoce este tipo de violencia. Esta falta de protección legal efectiva, junto a la invisibilidad de la VEG en la práctica judicial —evidenciada por los datos de los CEM—, obstaculiza a las mujeres acceder a la justicia y les impide garantizar la defensa de sus derechos.
La finalidad principal de este artículo es analizar si resulta imprescindible tipificar la VEG como un delito independiente dentro del Código Penal peruano, tomando en cuenta sus características, las consecuencias para las mujeres, y las experiencias de otros sistemas jurídicos, con el fin de proponer una reforma legal que garantice una protección adecuada para las mujeres afectadas.
Este estudio empleó un método cualitativo, analítico y descriptivo, basado en una revisión detallada de la bibliografía especializada en VG, vulnerabilidad y VEG. Se realizó un análisis hermenéutico de las normas jurídicas peruanas e internacionales relevantes. Este análisis comparativo de las legislaciones permitió identificar las mejores prácticas y se evaluó la efectividad de la legislación no solo en la prevención sino también en sanción de la VEG que garantice una mayor protección de las mujeres afectadas por esta forma de violencia.
2 COMPRENSIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La VG, una violación de los derechos humanos, engloba agresiones físicas, psicológicas, sexuales, y económica. Se caracteriza por cualquier acto perjudicial infringido a una persona por razón de su género (Salinas; Rodríguez; García, 2023; Fisher; Mello, 2015; Khan, 2016; Rojas-Fernández; Altamirano-Benítez; Moreira-Aguirre, 2022).
Sus raíces se encuentran en las desigualdades estructurales y los desequilibrios de poder relacionados con el género, presentes en diversas sociedades y niveles socioeconómicos (Tavara, 2006; Khan, 2016; Acosta, 2022). La prevalencia de la VG está intrínsecamente ligada a factores culturales y sociales, como las normas patriarcales y la desigualdad económica (Lorente, 2022; Zinyemba; Hlongwana, 2022). Crisis como la pandemia de COVID-19 exacerbaron la incidencia de la VG debido al aumento del estrés, las dificultades económicas y la disminución del acceso a servicios de apoyo (Nagashima-Hayashi et al., 2022; Ostadtaghizadeh et al., 2023). Por lo tanto, la VG trasciende lo individual, representando un fenómeno social que refleja y perpetúa las desigualdades de género presentes en nuestras estructuras sociales y culturales.
La VG se manifiesta en diversas formas que impactan la vida de las mujeres. La violencia física causa daño corporal, mientras que la violencia sexual incluye actos no consentidos. La violencia psicológica implica abuso emocional y coerción. La VEG, objeto central de este artículo, se manifiesta como la restricción del acceso a recursos financieros, empleo o educación (Fisher; Mello, 2015; Rojas-Fernández; Altamirano-Benítez; Moreira-Aguirre, 2022). Estas formas de violencia socavan la autonomía, seguridad e igualdad de las mujeres, contribuyendo a profundas disparidades de género.
El reconocimiento internacional de la VG como violación de los derechos humanos se refleja en tratados como CEDAW y el Convenio de Estambul, impulsando la necesidad de respuestas jurídicas integrales. La VEG, como parte integral de este espectro, requiere una atención específica y una tipificación legal adecuada para su efectiva erradicación.
3 FACTORES DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS MUJERES ANTE LA VIOLENCIA
La vulnerabilidad de las mujeres ante la VG, particularmente la VEG, se entiende como la mayor susceptibilidad a sufrir daño, discriminación o inseguridad debido a circunstancias sociales, económicas y culturales que limitan su igualdad y acceso a recursos (Terra; D’Oliveira; Schraiber, 2015; Paz et al., 2019; Díaz López, 2023; Salehin, 2024). Esta vulnerabilidad se manifiesta en contextos de desigualdad y subordinación en las relaciones de género, reproduciéndose a través de estrategias coercitivas en relaciones de pareja o expareja (García; Gordillo; Pérez, 2020). La intersección de múltiples factores de riesgo incrementa exponencialmente esta vulnerabilidad.
3.1 DEPENDENCIA ECONÓMICA
La dependencia económica es un factor determinante. La precariedad laboral, la falta de acceso a empleos formales con salarios dignos, y la desigualdad salarial de género limitan la autonomía económica de las mujeres (Aretio Romero; Repiso Gento; Valputa Martín, 2024; Fernández-González; Calvete; Orue, 2017). Esta situación las hace más susceptibles a la manipulación económica ejercida por sus parejas o exparejas, dificultando su capacidad para abandonar relaciones abusivas (Díaz López, 2023). La falta de acceso a recursos económicos propios las convierte en blanco fácil para la VEG, ya que su subsistencia depende directamente del agresor.
3.2 POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
La vulnerabilidad económica se incrementa en contextos de pobreza y marginación social. Las mujeres en situación de pobreza tienen menos acceso a recursos, redes de apoyo y oportunidades para mejorar su situación económica (Ruiz-Pérez; Pastor-Moreno, 2021). Esta situación expone a las mujeres a la explotación y el abuso económico, creando un círculo vicioso de pobreza y violencia. La falta de acceso a educación y capacitación profesional reduce sus oportunidades laborales y aumenta su dependencia económica.
3.3 FACTORES PSICOSOCIALES Y CULTURALES
Además de los factores económicos, existen factores psicosociales y culturales que contribuyen a la vulnerabilidad. La internalización de roles de género tradicionales, la baja autoestima, a creencia internalizada en la inevitabilidad de la violencia y la falta de autoconfianza contribuyen a la pasividad ante el abuso económico (Kutin; Russell; Reid, 2022). Las normas culturales que promueven la situación de dependencia económica de las mujeres en sus relaciones de pareja, también juegan un papel importante.
3.4 IMPACTO DE LAS CRISIS ECONÓMICAS Y CONFINAMIENTO
La literatura especializada como Batthyány y Sánchez (2020) y Lorente (2020), han advertido que crisis económicas, como la pandemia de COVID-19, exacerban el control económico ejercido sobre las mujeres. El confinamiento, la pérdida de empleos y el aumento de las dificultades económicas incrementan el riesgo de VEG, dificultando el acceso a recursos y asistencia. La precarización de las condiciones laborales y la crisis sanitaria profundizaron las desigualdades preexistentes, incrementando el riesgo de sufrir violencia VEG.
3.5 INTERSECCIONALIDAD
Es importante considerar la interseccionalidad de la vulnerabilidad. De acuerdo a Aretio Romero, Repiso Gento y Valputa Martín (2024), factores como la edad, la etnia, la discapacidad y la orientación sexual se cruzan con la vulnerabilidad económica, creando situaciones de mayor riesgo para ciertos grupos de mujeres. Las mujeres pertenecientes a grupos marginalizados enfrentan barreras adicionales para acceder a recursos y protección, lo que aumenta su vulnerabilidad ante la VEG.
4 LA VIOLENCIA ECONÓMICA DE GÉNERO: MECANISMOS, IMPACTO Y REPERCUSIONES
La VEG se caracteriza como el ejercicio de poder o abuso económico por parte de hombres contra mujeres, generando dependencia económica y facilitando el control, la manipulación y la restricción de sus ingresos (Davila; Johnson; Postmus, 2021; Kutin; Russell; Reid, 2022; Trujillo-Cristoffanini; Araya-Concha, 2023; Sarac; Odabas, 2025). Esta afecta la capacidad de la víctima para adquirir, emplear y conservar recursos, restringiendo su autonomía para finalizar la relación y lograr la independencia (Johnson et al., 2022). Como indica Postmus et al. (2020), esta conceptualización, aunque con matices, es común en todo el mundo.
4.1 MECANISMOS DE LA VEG
La VEG se manifiesta a través de diversos mecanismos, que a menudo se entrelazan y refuerzan mutuamente. Stylianou (2018) en base a la literatura especializada recoge tres formas principales:
a) control económico: Limitando el acceso de la víctima a recursos financieros, incluyendo salarios, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, propiedades, herencias, etc. Esto puede implicar la prohibición de trabajar, la retención de dinero o la exigencia de rendición de cuentas exhaustiva sobre cada gasto;
b) sabotaje laboral: Interfiriendo con su empleo o educación, mediante la destrucción de herramientas de trabajo, la difusión de rumores o la coerción para que abandone su empleo o estudios;
c) explotación económica: Dañando intencionalmente sus recursos o crédito, mediante la acumulación de deudas a su nombre sin su consentimiento, la apropiación de sus bienes o la manipulación de sus finanzas personales.
Sarac y Odabas (2025), agrega tres formas adicionales de violencia:
a) deuda forzada: Obligando a la víctima a realizar transacciones de crédito sin su autorización, como la solicitud de préstamos o la emisión de tarjetas de crédito a su nombre sin su conocimiento ni consentimiento;
b) retención de necesidades: Privando a la víctima de recursos básicos necesarios para su subsistencia, tales como atención médica, ropa, alimentos, vivienda, etc. Esto incluye la negativa a pagar la pensión alimenticia o la manutención infantil, cuando esta es legalmente exigible;
c) litigio destructivo: Iniciando repetidamente acciones legales costosas y sin fundamento, con el propósito de agotar los recursos económicos de la víctima y generar un desgaste psicológico adicional.
La VEG implica a diversos actores: parejas, familias e instituciones, mediante acciones coercitivas que limitan y subordinan a las mujeres con fines económicos (Ruano Duany, 2022).
4.2 IMPACTO Y REPERCUSIONES DE LA VEG
La VEG tiene profundas repercusiones psicológicas y físicas en las víctimas (Sarac; Odabas, 2025). Estudios muestran una significativa asociación entre la VEG y el deterioro del bienestar psicosocial, con mayor prevalencia de ansiedad, depresión, y estrés postraumático, incluso independientemente de otras formas de violencia de pareja (Benfante et al., 2024).
Además, se observa una correlación entre el abuso económico y un deterioro en la salud mental y física, impacto financiero, dificultades en las relaciones padres-hijos y menor calidad de vida (Johnson et al., 2022; Chuong et al., 2022). Investigaciones con mujeres en situación de calle indican que la VEG es un factor estructural que contribuye a su vulnerabilidad general a la violencia de género (Zabala-Sandoval, 2022). En base ello se puede concluir que la VEG puede llevar a la dependencia económica, la exclusión social, la pobreza y la incapacidad para reconstruir su vida de forma autónoma.
La gravedad de la VEG reside en la privación de los medios de subsistencia, afectando la calidad de vida, alimentación, salud, integridad, dignidad y autonomía de la mujer (Juárez; Josefa; Durán, 2021). La persistencia de este tipo de violencia se ve influenciada por factores contextuales como la falta de conciencia sobre el abuso económico, la priorización del amor sobre lo económico y el miedo al conflicto (Kutin; Russell; Reid, 2022).
5 EL ABORDAJE JURÍDICO-PENAL DE LA VIOLENCIA ECONÓMICA: UN ESTUDIO COMPARATIVO
El abordaje jurídico internacional de la VEG como delito específico presenta importantes limitaciones. Si bien existe un creciente reconocimiento de la VEG como una forma grave de violencia contra las mujeres, su tipificación como delito autónomo varía significativamente entre los diferentes sistemas jurídicos.
5.1 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
En algunos países, se han implementado leyes que criminalizan explícitamente el abuso económico dentro de las relaciones de pareja o expareja. Tasmania, por ejemplo, según su Ley de Violencia Familiar de 2004 (Sección 8) el abuso económico como conductas controladoras o intimidatorias (control de activos, impedimento en decisiones financieras, retención de apoyo económico) con intención de controlar o generar miedo, sancionando con multas o prisión (McMahon; McGorrery, 2016).
En otros países, como Inglaterra, Escocia e Irlanda, se han dado pasos hacia la criminalización del abuso económico, aunque la implementación y la jurisprudencia aún presentan matices (McMahon; McGorrery, 2016). En contraste, países como Israel aún no reconocen formalmente el abuso económico como causal de sanciones penales (Krigel; Benjamin, 2021), mientras que en Lituania la protección legal se ve limitada por una criminalización parcial y obstáculos judiciales (Jakštienė, 2022). Australia, por su parte, se encuentra en un proceso de debate sobre la necesidad de una reforma legislativa para incorporar un delito autónomo a los patrones de abuso económico en relaciones coercitivas (Fitz-Gibbon et al., 2025).
5.2 EL ESCENARIO LATINOAMERICANO
En Latinoamérica, la situación es igualmente variada. Si bien muchos países reconocen la violencia económica en el contexto de la VG, la tipificación como delito específico es la excepción más que la regla.
Argentina, legislación argentina (Ley 26.485) considera VEG toda acción que afecte los recursos económicos o patrimoniales de la mujer (Argentina, 2009), mientras que Colombia, el abuso económico, el control abusivo de las finanzas o los castigos monetarios se definen como VEG (Deere; León, 2021). Chile, por su parte, se amplía la definición de violencia intrafamiliar para abarcar las acciones que menoscaban la autonomía económica de la mujer (Chile, 2005).
En cambio, Costa Rica si penaliza expresamente ciertas formas de VEG, como la sustracción unilateral de ganancias familiares (Costa Rica, 2007). Del mismo modo Panamá en su artículo 214-A del Código Penal (Ley 82 de 2013) la sanciona con penas de prisión (Arango Durling, 2022). En Ecuador, a pesar del avance en el reconocimiento de la VG, algunos sostienen que la sanción específica para la VEG es insuficiente (Maldonado-García et al., 2020).
La experiencia comparada evidencia la necesidad de una mayor armonización en el tratamiento penal de la VEG. La falta de tipificación específica como delito autónomo, o la existencia de definiciones imprecisas, genera importantes obstáculos para el resguardo efectivo de las mujeres víctimas de este tipo de violencia. La creación de figuras penales claras, con definiciones precisas y sanciones adecuadas, resulta fundamental para asegurar el acceso a la justicia y la erradicación de la VEG. La experiencia de países como Tasmania, con una legislación específica y efectiva, puede servir como modelo para la implementación de reformas legales en otros contextos.
6 EL TRATAMIENTO JURÍDICO-PENAL PERUANO Y SUS LIMITACIONES EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA ECONÓMICA
La Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (Perú, 2015), reconoce, en su artículo 8, múltiples formas de violencia, que afectan la integridad física, emocional, sexual, económica y patrimonial de la mujer. Estas formas de violencia se detallan a continuación:
Tipos de violencia contra la mujer
Tipos de violencia
Descripción
Violencia física
Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descubierto o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.
Violencia psicológica
Es la acción u omisión, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.
Violencia sexual
Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación.
Violencia económica o patrimonial
Es la acción u omisión que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales o contra cualquier integrante del grupo familiar, en el marco de relaciones de poder, responsabilidad o confianza, por ejemplo, a través de:1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes.2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales.3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.4. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.En los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos/as y estos/as vivan con ellas, la limitación de los recursos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, así como la evasión de sus obligaciones alimentarias por parte de la pareja, se considera como una forma de violencia económica o patrimonial contra la mujer y los/los hijos/as.
Fuente: Ley 30364 (Perú, 2015).
No obstante, a pesar de esta clasificación detallada, la aplicación en el ámbito penal presenta importantes deficiencias. Si bien la Ley 30364 reconoce conductas relacionadas a la VEG, el Código Penal peruano no contempla una figura penal autónoma que sancione específicamente dichas conductas, como si lo hace en caso de la violencia física, psicológica y sexual.
Esta omisión legal, sumada a la dificultad inherente de probar la VEG, que al igual que la violencia sexual muchas veces carece de evidencia física tangible (Mio-López, 2024), contribuye a la invisibilidad de la VEG y a la impunidad de los agresores. Esto dificulta la protección de las mujeres y su acceso a la justicia. Para ilustrar la falta de correspondencia entre los tipos de violencia reconocidos en la Ley 30364 y la tipificación en el Código Penal, se presenta la siguiente tabla:
Correspondencia entre tipos de violencia contra la mujer y delitos en el Código Penal peruano
Tipos de violencia
Delitos en el Código Penal peruano
Violencia física
- Feminicidio previsto en el artículo 108-B- Lesiones, previsto en los artículos 121-B, 122, 122-B
Violencia psicológica
- Agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en su modalidad de afectación, previsto 122-B- Acoso, previsto en el artículo 151-A
Violencia sexual
- Violación sexual, previstos en los artículos 170, 171, 172, 173, 174, 175- Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento de mayor de 14 años y menor de 14 años, previstos en los artículos 176 y 176-A respectivamente.- Acoso sexual y chantaje sexual, previstos los artículos 176-B y 176-C respectivamente.- Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales previsto en el artículo 183-B
El análisis de las conductas relacionadas con la VEG, revela una significativa incongruencia entre su reconocimiento como forma de VG en la Ley 30364 y la carencia de una tipificación penal específica y autónoma en el Código Penal. Si bien la ley define diversas manifestaciones de VEG, su operatividad se ve inexorablemente limitada por la ausencia de una figura delictiva propia que permita perseguir eficazmente estas conductas. Como se planteó en la introducción, este vacío legal contribuye a la invisibilidad de la VEG en la práctica judicial, dificultando la protección de las mujeres y su acceso a la justicia, tal como lo indican las estadísticas de los CEM.
El análisis de las conductas relacionadas con la VEG, tal como se describen en el artículo 8 de la Ley 30364, revela que, salvo la evasión al cumplimiento de la obligación alimentaria prevista en el artículo 149 del Código Penal, la mayoría de estas conductas no tienen una tipificación penal específica. Algunas pueden ser parcialmente asimiladas a delitos existentes, pero dicha asimilación resulta insuficiente por diversas razones:
a) perturbación de la posesión: Si bien el delito de usurpación (artículo 202 del Código Penal) podría parecer aplicable, este protege únicamente la posesión y no la propiedad, además de requerir violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza. La VEG, en cambio, puede manifestarse mediante conductas más sutiles y sin estos elementos, especialmente en contextos de VG, que tienen como finalidad el detrimento en los recursos económicos de las mujeres;
b) sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos o bienes: Delitos como hurto o robo (artículos 185 y 188 del Código Penal) podrían ser invocados en algunos casos de sustracción, pero requieren la existencia del ánimo de lucro, un elemento que muchas conductas de VEG no poseen, ya que su principal finalidad es el control y la subordinación de la víctima (Sarac; Odabas, 2025). La destrucción de bienes puede considerarse daño (artículo 205), pero este requiere que el valor del daño supere el 10% de una Unidad Impositiva Tributaria (artículo 444 del Código Penal), dificultando la persecución de casos de menor cuantía, pero de igual gravedad para la víctima;
c) restricción de control de ingresos o de recursos económicos: El delito de coacción (artículo 151 del Código Penal) podría ser un tipo penal subsidiario, pero su bajo rango de pena y su enfoque en la libertad individual no reflejan la gravedad de las consecuencias de la VEG para la víctima.
7 CONCLUSIONES
El presente estudio revela una preocupante brecha en el resguardo legal de las mujeres frente a la VEG. A pesar de su reconocimiento como una forma de violencia en la legislación peruana, la carencia de una tipificación penal específica y autónoma en el Código Penal peruano genera invisibilidad de este problema en la práctica judicial. Esta omisión legal obstaculiza la efectiva persecución de los agresores y limita el acceso de las mujeres a la justicia, lo que puede conllevar a que se siga perpetuando un ciclo de vulnerabilidad y desigualdad.
El análisis del marco conceptual de la VG, los factores de vulnerabilidad socioeconómica que agravan el riesgo de VEG, y los diversos mecanismos a través de los cuales se manifiesta este tipo de violencia, evidencia la insuficiencia del actual marco legal peruano para abordar la complejidad de la problemática. La revisión comparada de legislaciones internacionales y latinoamericanas, que incluyen experiencias en la criminalización de la VEG, demuestra la viabilidad y la urgencia de una reforma legislativa en el contexto peruano. Estas experiencias ofrecen modelos que podrían ser adaptados al contexto nacional, teniendo en cuenta las características específicas del país.
Por lo tanto, este trabajo aboga por una reforma legal urgente que tipifique la VEG como un delito independiente en el Código Penal peruano. Esta modificación legal debe establecer claramente los componentes esenciales del delito, estableciendo sanciones proporcionales a la gravedad de las consecuencias que la VEG tiene para las víctimas. Asimismo, se requiere la adopción de políticas públicas integrales que promuevan la sensibilización, la prevención y la atención a las mujeres víctimas de VEG, garantizando su acceso a la justicia y a mecanismos de reparación efectiva. Solo a través de una respuesta jurídica integral y multisectorial se podrá combatir eficazmente la VEG y asegurar la plena salvaguardia de los derechos de las mujeres. La investigación futura debe centrarse en el análisis de la implementación de estas reformas legales y en el desarrollo de estrategias para mejorar la eficacia de la respuesta judicial a la VEG, incluyendo la formación de agentes judiciales y la creación de protocolos particulares para la atención de las víctimas.
NOTA
La investigación fue realizada como parte de una actividad de investigación en el Programa de Doctorado de Derecho en la Universidad César Vallejo, liderada por el Profesor Mendizábal Anticona. El diseño de la investigación, recopilación de la bibliografía, desarrollo, y redacción fue elaborada por Mejía Tadeo. La revisión final del texto, fue realizada bajo la coordinación del Profesor Mendizábal Anticona.
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